miércoles, 29 de diciembre de 2010

Cajamar considera 2011 como año "clave" para el futuro de la energía eólica


Un estudio de Fundación Cajamar considera 2011 como año "clave" para el futuro de la energía eólica.
El servicio de estudios de la Fundación Cajamar ha publicado un estudio sobre la evolución de la energía eólica en la última década en España y su viabilidad y alcance hasta 2020 que destaca que la sensibilización de la Comisión Europea hacia el diseño de una estrategia en energías renovables ha estado vigente desde principios de los años 90 y ha sido "crucial" para el desarrollo de la energía eólica en el 'viejo continente', por lo que se observa 2011 como un año "clave" para esta área del sector.

En este sentido, la energía eólica desempeña entre todas las renovables un importante cometido para la consecución de un nuevo modelo energético sostenible, ya que al cierre del ejercicio 2009, la potencia instalada procedente de eólica ascendió a casi 75.000 megavatios, siendo Alemania y España los países que destacan en el ránking europeo al aglutinar una cuota del 73 por ciento, según el estudio de la Fundación Cajamar.

En la actualidad, el ránking provincial de producción eólica de electricidad está encabezado por Albacete como la provincia con un mayor número de megavatios operativos, unos 1.989,6 megavatios, lo que representa el 10,4 por ciento del total nacional. Le siguen Lugo, Zaragoza, Burgos y Cádiz con una cuota del 26,8 por ciento.

La actual reglamentación, la Directiva 2009/28/CE asigna objetivos vinculantes de consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables por Estado miembro para 2020, siendo como mínimo del 20 por ciento en el conjunto de la UE. Asimismo, la Comisión considera que para alcanzar este porcentaje, la aportación de la electricidad a partir de energía renovable deberá situarse en torno a un 33 por ciento.

El desarrollo del sector eólico en España ha estado marcado por la existencia de marcos normativos que han estimulado el desarrollo tecnológico, por lo que se crean incentivos no sólo para las empresas que realizan la actividad investigadora sino también para los promotores, ya que su actividad genera externalidades positivas para el conjunto de la sociedad.

Los efectos no sólo son de carácter económico desde el punto de vista de generación de riqueza y de una menor dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, sino también medioambientales debido a su contribución a la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Entre las principales fortalezas del sector, se encuentra su capacidad para competir en el exterior, el conocimiento tecnológico acumulado y, en menor medida, el dimensionamiento productivo a nivel interno. Estos factores han permitido la internacionalización del sector habiéndose identificado oportunidades de negocio que están siendo explotadas con éxito por las empresas españolas.

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